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Haití: el precio de la libertad

Haití: el precio de la libertad

Agnese MARRA

Haití fue el primer país de América Latina que logró su independencia y abolió la esclavitud. Su osadía no se libró de castigo: a las presiones de su antigua metrópoli –Francia–, le siguió la agresión imperialista de Estados Unidos, que llegó a ocupar el país para luego abandonarlo en manos de una siniestra dinastía de tiranos que, hasta la fecha, han sometido al país al expolio y la barbarie. Hizo falta un terremoto –12 de enero de 2010– y 200.000 víctimas para que el mundo se acordara de Haití, cosa que de muy poco le sirvió a los haitianos.

Esta pequeña isla caribeña es una de las más pobres del planeta. Su población vive bajo la miseria, la violencia y el desamparo. Un país ocupado militarmente por Estados Unidos y con una ayuda humanitaria (ONU) que ha provocado tantas muertes como los dictadores que han pasado por su historia política. ¿Sólo hoy preocupa Haití?

Todos los periódicos digitales abren con la noticia: «Haití devastado». Un fuerte terremoto ha hundido todavía más al país caribeño y la comunidad internacional se muestra azorada. Los países se pelean por contar quién ha mandado antes la ayuda humanitaria. Mandatarios mundiales expresan su tristeza y su solidaridad con los haitianos. El cinismo vuelve a formar parte de la historia de este pequeña isla que sólo tiene cabida en los medios gracias a un terremoto o a un tsunami con nombre femenino.

Más allá de la terrible cifra de muertos que se lleve esta inclemencia climática. Más allá de las edificaciones derrumbadas (ya tenía pocas) y más allá de la previsible hambruna (todavía más) que provocará el seísmo. Es necesario mirar un poco atrás para entender por qué Haití es el país más pobre de América Latina. Por qué Haití está poblado de miseria y violencia que sólo nos viene a la memoria cuando nos encontramos delante de catástrofes inevitables. Ante las evitables preferimos quedarnos de brazos cruzados.

Esta isla ubicada frente a República Dominicana, tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados en la que viven alrededor de diez millones de personas. Sus récords de miseria se pueden encontrar cuando se echa un vistazo al Indicador de Desarrollo Humano, donde Haití se ubica en el número 150 (de 177) aliado de los más postergados países africanos.

El 80% de los haitianos viven en condiciones de extrema pobreza. La mortalidad infantil es de 80 por cada mil nacidos. La esperanza de vida ha bajado a los 49 años. El analfabetismo supera el 70% en las zonas rurales. Agua potable o electricidad son productos de lujo y la oscuridad es una situación habitual por las calles de la isla.

La economía es una crisis permanente. El 70% del presupuesto procede de las remesas de los inmigrantes que se reparten fundamentalmente entre Estados Unidos y su vecina República Dominicana y que ofrecen al país alrededor de 700 millones de dólares. El resto de los recursos llegan mayoritariamente de la ayuda internacional, cada año más escasa. El 98% de su bosque está desforestado. Sus tierras estériles, una buena metáfora del país, sólo ofrecen miseria. La superpoblación y su demanda de leña y madera, así como la explotación del carbón, han provocado la erosión del suelo y la tremenda escasez de agua potable. El 4% de su población, controla el 64% de su riqueza.

El fracaso estructural del país lo explica con precisión José Luis Rodríguez, brasileño y profesor de historia que trabaja en proyectos de cooperación en Haití. El historiador señala que este país vive al menos tres graves crisis estructurales: económica, ambiental y política. A pesar de ser un país con una mayoría de habitantes en el sector rural, ésta apenas posee tierras. Los incentivos o posibilidades de explotarlas con eficacia son escasos. Las políticas neoliberales de las últimas décadas han destruido la capacidad productiva nacional. Según el profesor, en 1970 Haití producía prácticamente el 90% de su demanda alimentaria y, actualmente, se importa cerca del 55% de todos los géneros alimentarios que se con sumen. El ambiente está devastado por el uso intensivo de tecnologías nocivas, el consumo masivo de carbón y la deforestación, señala Rodríguez en el blog Viva Paraguay.

Para entender la estructura política del país nuevamente hay que mirar al pasado para descubrir por qué Haití hoy es un país controlado por Estados Unidos, ocupado militarmente y uno de los focos de corrupción y narcotráfico más importantes de América Latina.

Los costes de la independencia

No todo ha sido miseria en Haití. Esta pequeña isla puede presumir de haber sido el primer país latinoamericano en proclamar su independencia de las colonias (de Francia en este caso) y el primer país del mundo en abolir la esclavitud. Fue en 1804 cuando los haitianos entusiasmados por las ideas libertarias de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad) lucharon por su emancipación. Para los sometidos la revolución haitiana era un ejemplo, pero las oligarquías coloniales veían en Haití a su peor enemigo.

Muchos historiadores hablan hoy del alto coste que ha tenido que pagar esta pequeña isla por su enfrentamiento a la colonia. Con su independencia, Francia perdía cifras millonarias (en el siglo XVIII el 75% de la producción mundial de azúcar salía de este país). Pero la metrópoli no se marchó con las manos vacías, ya que exigió una elevada suma a modo de indemnización por haber perdido esa próspera colonia.

El pago de esa deuda dejó a Haití en una nueva situación de dependencia que empeoraba con un bloqueo total que le hicieron a la isla, también promovido por Francia.

En pocos años Haití volvía a ser un país dominado. El relevo lo tomó Estados Unidos en 1849 cuando comenzó a enviar a la isla barcos de guerra para presionar a las costas haitianas. Ante la negativa de los haitianos a firmar una Constitución dictada por Estados Unidos, los norteamericanos decidieron ejercer la política que mejor conocen: invadir militarmente al país caribeño. Allí se quedaron 20 años bajo un dominio absoluto y con decenas de masacres y una represión campesina continuada que se cobró la vida de más de 15.000 haitianos.

Estados Unidos con una permanente ocupación militar, fue quien se encargó de promover las dictaduras bajo el mando de Papa Doc Duvalier, y luego su hijo, Baby Doc Duvalier, que entre los años 1957 y 1986 aniquilaron a millares de personas en nombre de la llamada «lucha contra el comunismo».

La llegada de la democracia en 1991 tampoco aportó grandes cambios. Fue elegido presidente el sacerdote Jean Bertrand Aristide. El religioso se enmarcaba dentro de una ideología de «izquierdas» con programas políticos orientados a corregir las injusticias sociales que se acumulaban en el país. Sus primeras ideas no gustaron a las oligarquías haitianas y mucho menos a Estados Unidos. Aristide fue derrocado a los ocho meses y enviado al exilio. En la isla se reanudaron las persecuciones y la desarticulación de toda organización política. En 1994 regresaba Aristide (ayudado por los norte americanos) quien se perfilaba una vez más como el salvador.

Sin embargo en este mandato y en el posterior (2000) cuando ganó las elecciones ampliamente, sin ningún candidato opositor, su política fue bastante distinta. En esta etapa el sacerdote Aristide ya había olvidado las ideas por las que se dio a conocer. Sus ideales dieron un giro de 180 grados y se le acusó de enriquecerse indiscriminadamente gracias a sus negocios y concesiones como las que dio a las empresas telefónicas norteamericanas. La inestabilidad social y política era más fuerte que nunca y la bomba estalló en 2004 cuando Jean Bertrand Aristide, «abandonó el país» obligado por Estados Unidos.

En los dos años siguientes Haití volvió a estar bajo el mando de tropas internacionales. En 2006 se produjeron elecciones presidenciales para sustituir al presidente interino Boniface Alexandre. Su sucesor fue el actual presidente René Préval, en la línea de la segunda etapa de Aristide.

El papel de la ONU: un arma de doble filo

La creciente inestabilidad política ha sido la excusa perfecta para tener al país en manos ajenas. La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) es un ejército multinacional compuesto por 9.080 uniformados, 487 funcionarios internacionales, 1.211 funcionarios haitianos y 207 voluntarios de la ONU, con un presupuesto de 611,75 millones de dólares anuales.

La mayoría de los países que conforman la MINUSTAH son latinoamericanos. Participa Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay entre otros. Después está el omnipresente Estados Unidos, junto con países más curiosos como Nepal, Sri Lanka y Jordania.

Si embargo el «trabajo humanitario» de este ejército no se conoce en el país tanto por su ayuda como por su violencia. Los ejemplos se multiplican. Una de las fechas más señaladas fue el 22 de diciembre de 2006, cuando las fuerzas de MINUSTAH arrasaron contra la población haitiana por una manifestación que pedía el retorno de Aristide. Las fuerzas de la ONU acabaron con la vida de 30 personas incluyendo mujeres y niños.

En mayo de 2008, cuando el Congreso de Haití sancionó una ley de aumento del salario mínimo, de dos a cinco dólares diarios, la oligarquía del país presionó al presidente René Garcia Preval para no promulgar la ley ya aprobada por ambas cámaras legislativas, con amenazas de despedir a cerca de 25.000 trabajadores del sector manufacturero. Un grupo de estudiantes universitarios inició una serie de movilizaciones por el derecho de los trabajadores, que fue luego seguida por organizaciones sociales y la ciudadanía. La policía local intervino, con colaboración directa de la MINUSTAH, reprimiendo brutalmente las manifestaciones.

En el mismo año (2008) pero en el mes de junio, tras la muerte de un dirigente político local, centenares de personas acudieron a su entierro. «Inexplicablemente, militares de la MINUSTAH dispararon contra el cortejo, del que muchas personas salieron asesinadas y heridas», comenta el historiador José Rodríguez.

Varios informes de Amnistía Internacional han denunciado casos similares de violencia, asesinatos, detenciones ilegales, censura mediática, cárceles abarrotadas de prisioneros sin garantías, entre otros casos.

El dirigente Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano, ha afirmado en diversas ocasiones como Haití se encuentra en una situación de dominio militar, a pesar de los esfuerzos por llamar a la MINUSTAH «ayuda humanitaria»: «Nosotros la rechazamos porque entendemos que es una violación de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía y dignidad como pueblo», ha señalado Boisrolin.

Tras el terremoto, los diarios se han desvivido por dar a conocer las miles de víctimas de la catástrofe. Naciones Unidas muestra su mejor cara y denuncia la dura situación que sufre Haití. Pero el día a día de los haitianos tiene mucho menos eco mediático y no por ello es menos terrible. Hay que mirar a su historia y su presente más cercano para darse cuenta que el futuro de este país está en manos de fuerzas ajenas que se han empeñado en someterlo y expropiarlo. Las mismas fuerzas que hoy claman por darle ayuda.

Este artículo fue publicado en Nueva Tribuna el 13 de enero de 2010. El siguiente apareció apenas un año después en la misma publicación y muestra claramente el desenlace de esta repetida historia de «solidaridad internacional»

Haití abandonado por el mundo

Ha pasado poco más de un año y ya nadie se acuerda de Haití. Pero es ahora cuando tendría que estar más cerca de nuestra memoria. En estos momentos este pequeño país se encuentra en alerta por lluvias y huracanes, y las previsiones y promesas de reconstrucción no se han cumplido. Los haitianos están completamente indefensos ante un nuevo arranque de furia de la naturaleza y ONGs como Intermon Oxfam o Médicos Sin Fronteras (MSF) lo denuncian.

Aseguran que el paisaje de Puerto Príncipe es el de una ciudad en ruinas. Campamentos precarios, planos de nuevas zonas con tiendas de campaña con letrinas, duchas y clínicas; barrios llenos de escombros donde los residentes han regresado a casas intactas y a otras en ruinas.

Del millón y medio de desplazados que generó el terremoto, sólo 28.000 han conseguido alojamiento. La desesperación y la rabia de más de un millón de haitianos que se encuentran sin hogar, viviendo en la calle, cada vez se hace más patente, dicen desde MSF en un informe que han elaborado al cumplirse seis meses de la tragedia.

«Se refugian bajo las lonas y las tiendas de campaña más endebles, corren tras ellas para agarrarlas cuando el viento se las lleva, y conviven con sus nuevos vecinos en desordenados emplazamientos urbanos», señala el informe, que afirma que en plena estación de lluvias y de ciclones, el panorama sigue siendo igual de desolador que hace un año. Pero la gente está más frustrada y enfadada.

Los oligarcas haitianos no ceden sus tierras

La parálisis que sufre la reconstrucción del país se debe a varias razones. Por un lado la debilidad del Gobierno haitiano, que ya era frágil de por sí, y que tras la catástrofe se ha visto todavía más golpeado.

Pero para MSF el problema principal tiene que ver con que «el proceso de toma de decisiones sobre la asignación de terrenos ha sido muy lento». La ONG alerta de la falta de solidaridad de los dueños de terrenos, los cuales piden un precio elevadísimo al Gobierno para ceder sus solares. Otros, ni siquiera se plantean venderlos.

Un gobierno perdido

El Gobierno de Haití ha tardado en tomar las difíciles decisiones necesarias para pasar de un estado de emergencia a un periodo de recuperación. Las organizaciones internacionales acusan al Gobierno de crear obstáculos en el proceso de recuperación. «Allá adonde voy, la gente me pregunta: ¿Cuándo vamos a salir de este campamento?», señala Julie Schindall, portavoz en Haití para la ONG Oxfam. «Y no tengo respuesta».

Sin embargo tanto el Gobierno haitiano como Naciones Unidas se defienden de las críticas que les hacen las ONG. Los funcionarios de la ONU reclaman paciencia ante lo que ellos denominan el mayor desastre urbano en la historia moderna. Aseguran que se han conseguido logros en el suministro de alimentos, agua y refugio.

«Merece la pena destacar todo lo que no ha ocurrido», indica Nigel Fisher, representante especial adjunto del secretario general de las Naciones Unidas en Haití. «No hemos tenido brotes importantes de enfermedades. Y no hemos padecido ningún incidente grave en seguridad». Todo eso, añade, a pesar de que gran parte de las infraestructuras del Gobierno quedaron afectadas. «Desafío a cualquier país a que esté completamente operativo en la fase en que nos encontramos después de un desastre así», indica Imogen Wall, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Las consecuencias psicológicas

En estos seis meses de emergencia y lenta recuperación, Médicos Sin Fronteras ha atendido a 173.000 personas. Advierten de los daños psicológicos que padece la sociedad haitiana. Muchos de los que escaparon de las ruinas hoy tienen miedo a buscar refugio en la calle. «No pueden quitarse de la cabeza las réplicas y los rumores que corren entre la población de que puede haber más seísmos», dicen desde la ONG.

Una de los médicos con más experiencia en Haití señala en el informe: «La mayoría de mis pacientes tienen miedo de ser tragados por la tierra. El terremoto se les ha metido literalmente en el cuerpo y el ruido está siempre presente. Tienen graves trastornos del sueño».

Pero para MSF el mensaje más importante es que tanto el gobierno como las autoridades internacionales lleven a cabo sus responsabilidades. «Incluso sin huracanes, la temporada de lluvias bastará para agravar la miseria en que viven quienes han quedado a la intemperie», afirma MSF, que considera «decepcionante» el compromiso de las autoridades con las condiciones de vida que están llevando los damnificados. «Muestran una ansiedad acerca del futuro, sin esperanzas de mejora. Los problemas de pareja, familiares y socio-económicos reaparecen y se exacerban entre las personas que perdieron su estatus social o se ven forzadas a criar a los hijos en solitario», concluye el estudio.

65 preguntas-65 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial

65 preguntas-65 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial

Damien MILLET y Éric TOUSSAINT

Érase una vez el primer mundo, el «Norte»; el segundo mundo, hijo del antiguo bloque soviético; y el tercer mundo, que englobaba a los pueblos del Sur. El segundo mundo se desmoronó a principios de los años 90 con la caída del muro de Berlín. Diez años antes, el tercer mundo se había sometido a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La crisis financiera de 2008 sacudió al primer mundo y desde entonces, solo quedan dos categorías principales: por un lado, el puñado de personas que sacan beneficio del capitalismo contemporáneo y, por otro lado, la gran mayoría que lo sufre, especialmente a través del mecanismo de la deuda.

Durante los últimos treinta últimos años, los eslabones débiles de la economía mundial han sido los países de América Latina, Asia o los del antiguo bloque soviético, conocidos como los países «en transición». Por lo tanto, el crecimiento se experimentaba en el Norte y el Sur acumulaba las deudas. Desde 2008, la situación ha cambiado radicalmente y gran parte de las deudas se concentran en la Unión Europea.

Uno de los avatares de la crisis del sector financiero, que comenzó en 2007 en Estados Unidos y que se ha extendido como la pólvora en Europa, es el ímpetu con el que los bancos de Europa occidental (sobre todo los alemanes y franceses1, pero también los belgas, holandeses, británicos, luxemburgueses, irlandeses, etc.) han utilizado los fondos que la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo (BCE) han prestado o concedido de forma masiva, entre 2007 y 2009, para incrementar sus préstamos en numerosos países de la eurozona (Grecia, Irlanda, Portugal, España). Allí consiguieron beneficios jugosos gracias a los tipos de interés, más altos en estos lugares. Un ejemplo de todo esto es que entre junio de 2007 (inicio de la crisis de los subprime) y septiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers), los préstamos que los bancos privados de Europa occidental concedieron a Grecia aumentaron un 33%, pasando de 120 mil millones de euros a 160 mil millones. Los banqueros de Europa occidental se abrieron paso a codazos para prestar el dinero a los países de la periferia de la Unión Europea, que parecían querer endeudarse hasta las cejas. No contentos con haber arriesgado enormemente, al otro lado del Atlántico, en el mercado los subprime con el dinero de los ahorradores que se equivocaron al depositar su confianza en ellos, repitieron la misma operación en Grecia, Portugal, España, etc. En efecto, la pertenencia de algunos países de la periferia de la UE a la eurozona sirvió para convencer a los banqueros de los países de Europa occidental de que los gobiernos, el BCE y la Comisión Europea acudirían en su ayuda si tenían problemas, y no se equivocaron.

Cuando en la primavera de 2010 la zona del euro se vio sacudida por fuertes turbulencias, el BCE prestaba con un interés ventajoso del 1% a los bancos privados. Estos últimos exigían a países como Grecia el pago de un interés muy superior: alrededor del 4 y el 5% en los préstamos a tres meses y un 12% aproximadamente para los títulos a diez años. Los bancos y los demás inversores institucionales justificaron tales exigencias por el «riesgo de cesación» que pesaba sobre los llamados países «en riesgo». Una amenaza tan seria, que los intereses aumentaron considerablemente: el FMI y la Unión Europea habían acordado un interés para Irlanda en noviembre de 2010 del 6,7%, cuando el de Grecia fue del 5,2% seis meses antes. En mayo de 2011, el tipo de interés para los préstamos a diez años griegos sobrepasaba el 16,5%, lo que ha obligado a este país a pedir préstamos a tres o seis meses o a confiar en el FMI y otros gobiernos europeos. Desde entonces, el BCE tiene que garantizar los créditos de los bancos privados comprándoles los títulos de los Estados a los que, en un principio, esta institución tiene prohibido prestarles dinero directamente.

En un intento de reducir los riesgos, los bancos franceses disminuyeron en el 2010 su exposición en Grecia en un 44%, pasando de 27 mil millones de dólares a 15 mil millones. Los bancos alemanes realizaron un movimiento parecido: su exposición directa descendió en un 60% entre mayo de 2010 y febrero de 2011, pasando de 16 millones de euros a 10 millones. Los que reemplazan progresivamente a los banqueros y a otras entidades financieras privadas son el FMI, el BCE y los gobiernos europeos. El BCE cuenta de forma directa con 66 mil millones de euros de títulos griegos (es decir, el 20% de la deuda pública griega) que compró a los bancos en el mercado secundario. El FMI y los Gobiernos europeos prestaron 33.300 millones de euros hasta mayo de 2011 y sus préstamos seguirán aumentando con el tiempo. Sin embargo, hay mucho más que todo esto. El BCE aceptó 120 mil millones de euros en títulos de deuda griega de bancos griegos como garantías (colaterales) de los préstamos que habían concedido con un tipo de interés del 1,25%. Portugal e Irlanda han sufrido el mismo proceso.

De este modo, contamos con todos los ingredientes de la gestión de la crisis de la deuda del tercer mundo que se conjugaron en el plan Brady2. Al comienzo de la crisis que estalló en 1982, el FMI y los gobiernos de las grandes potencias, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, acudieron al rescate de los banqueros privados del Norte que se habían arriesgado enormemente al prestar de forma compulsiva a los países del Sur, especialmente a América Latina. Cuando países como México estaban al borde de la suspensión de pagos como resultado del aumento de los tipos de interés y el descenso en los ingresos por exportaciones, el FMI y los países miembros del Club de Paris les prestaron capital con la condición de que continuaran con el reembolso de sus deudas y que ejecutaran planes de austeridad (las famosos planes de ajuste estructural). Como la deuda del Sur se hacía más y más grande debido al efecto bola de nieve3 (tal y como sucede ahora en Grecia, Irlanda, Portugal y en otros lugares de la UE), se puso en marcha el Plan Brady, bautizado de este modo en honor al secretario del Tesoro estadounidense de la época. Este plan implicó la reestructuración de la deuda de los principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. El volumen de la deuda se redujo en un 30% en algunos casos y los nuevos títulos (los títulos Brady) garantizaron un tipo fijo de interés de alrededor del 6%, lo que fue muy favorable para los banqueros. Esto también aseguró la continuación de políticas de austeridad bajo el control del FMI y del Banco Mundial. Sin embargo, a largo plazo, el grueso de la deuda aumentó y las cantidades que hubo que pagar fueron enormes. Si solo tenemos en cuenta el saldo neto entre las cantidades prestadas y las reembolsadas tras la puesta en marcha del Plan Brady, los países en desarrollo han transferido a los acreedores el equivalente a más de seis planes Marshall, es decir, alrededor de 600 millones de dólares. ¿No se tendría que evitar que se repita la misma historia? ¿Por qué aceptar que los derechos económicos y sociales de los pueblos sean, una vez más, sacrificados en el altar de los banqueros y del resto de actores de los mercados financieros?

En mayo del 2011, según los bancos de inversión Morgan Stanley y J.P. Morgan, los mercados consideraban que había un 70 % de probabilidad de que Grecia entrara en suspensión de pagos, lo que contrasta con el 50 % de probabilidad pronosticada dos meses antes. El 7 de julio del 2011, Moody’s situó a Portugal en la categoría de alto riesgo de suspensión de pagos (bono basura). He ahí un argumento más a favor de la anulación de la deuda; es necesario auditar las deudas, con la colaboración ciudadana, para lograr que se anule la parte ilegítima. Si no se adopta esta medida, serán las víctimas de la crisis las que sufrirán una doble condena eternamente, para beneficio de los culpables, los banqueros. Grecia es el ejemplo perfecto de esta situación. Allí, las curas de austeridad se suceden sin que la situación de las cuentas públicas mejore. Y lo mismo sucederá en Portugal, Irlanda y España. Una gran parte de la deuda es ilegítima, ya que es el resultado de una política favorable únicamente para una ínfima minoría de la población que ha perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos.

En aquellos países que han firmado acuerdos con la troika (formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI) las últimas deudas no son solo ilegítimas, sino que son también odiosas. Esto se debe a tres razones: 1. los préstamos están repletos de condiciones que violan los derechos económicos y sociales de una gran parte de la población; 2. los prestadores someten a estos países al chantaje (el prestatario no dispone de verdadera autonomía de voluntad); 3. los prestadores se enriquecen de manera abusiva mediante tipos de interés prohibitivos (por ejemplo, Francia o Alemania reciben préstamos al 2 % en los mercados financieros, mientras que a Grecia e Irlanda les prestan a más del 5 %; los bancos privados toman préstamos en el BCE al 1,25 % y prestan a Grecia, Irlanda y Portugal a más del 4% a 3 meses). En países como Grecia, Irlanda, Portugal, los de Europa del Este (así como algunos países fuera de la UE como Islandia), sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, convendría proceder a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Es un método ineludible si se quiere alcanzar una relación de poder que les resulte favorable. Además, esta propuesta está ganando popularidad en los países más afectados por la crisis.

Conviene también que se realice, con el control de la ciudadanía, una auditoría de la deuda pública. El objetivo de la misma ha de ser que se anule/repudie la parte ilegítima u odiosa de la deuda pública y que se reduzca considerablemente el resto de deuda. La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria, pero no suficiente para que los países de la UE salgan de la crisis. Para ello, habría que adoptar también algunas medidas de gran magnitud en diferentes ámbitos (fiscalidad, traspaso del sector financiero al dominio público, resocialización de otros sectores clave de la economía, reducción del tiempo de trabajo con mantenimiento de los salarios y contratación compensatoria, etc.4).

La flagrante injusticia que reina actualmente en las políticas regresivas en funcionamiento en Europa ha sido el caldo de cultivo de las poderosas movilizaciones de los indignados en España, Grecia y otros países. Gracias a estos movimientos, que se originaron con los alzamientos populares en el Magreb y Oriente Próximo como referente, ahora vivimos una aceleración de la historia. La cuestión de la deuda pública debe afrontarse de manera radical. Ahora, es en los países del norte en donde la suspensión de pagos y la anulación de la parte ilegítima de la deuda están a la orden del día. Es completamente lógico estudiar la experiencia adquirida en el tercer mundo durante los últimos treinta años para extraer lecciones que aplicar en los países del norte.

Desde que estallara la crisis de la deuda, en el año 1982, la población del tercer mundo ha presenciado como se le ha despojado de todo, pese a sus abundantísimos recursos naturales y humanos. El pago de una deuda que ha adquirido proporciones colosales les ha impedido satisfacer sus necesidades más básicas. La deuda se ha convertido en un sutilísimo mecanismo de dominación y en un nuevo método de colonización. Las políticas de los gobiernos endeudados son la mayoría de veces decididas por sus acreedores y no por las personas electas de los países afectados. Hay que adoptar una solución radicalmente distinta para el problema: la anulación pura y simple de la deuda, inmoral y, a menudo, odiosa.

Este libro responde a varias objeciones: Los países, una vez libres de su deuda externa, ¿no se arriesgan a caer de nuevo en el endeudamiento insostenible? ¿No supondrá la anulación de la deuda un nuevo impulso para las dictaduras y regímenes corruptos? ¿No serán los contribuyentes de los países del norte los que pagarán los platos rotos de la anulación? ¿Qué papel desempeñarán los nuevos actores de primer plano como China, América Latina, los fondos soberanos y los fondos buitre? ¿Constituye una solución reemplazar la deuda pública externa con deuda pública interna? ¿Qué vínculos existen entre la deuda y la crisis alimentaria mundial que comenzó en el 2007? Los autores demuestran que la anulación de la deuda, condición necesaria pero insuficiente, debe venir acompañada de otras medidas, como la devolución de los bienes adquiridos ilícitamente, la redistribución de la riqueza a escala mundial y la creación de medios alternativos de financiación. Además, también plantean la pregunta: « ¿Quién debe a quién?» Por último, se suman a la petición de soluciones formulada por los movimientos sociales del Sur.

La obra explica mediante sesenta y cinco preguntas y sus correspondientes respuestas, de manera sencilla y precisa, cómo y por qué se ha llegado este callejón sin salida en el tema de la deuda. Además, incluye ilustraciones y tablas que demuestran claramente la responsabilidad de los promotores del neoliberalismo, de las instituciones financieras y de los países industrializados, así como la complicidad de los dirigentes del Sur.

Hace diez años se publicó el libro «50 preguntas/50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial», que fue traducido a ocho lenguas (inglés, árabe, coreano, español, italiano, japonés y turco). Ahora, cuatro años después de la primera edición en francés de «60 preguntas/60 respuestas», Damien Millet y Éric Toussaint lanzan a los lectores griegos esta versión actualizada y completada que descodifica el discurso oficial sobre la deuda y plantea las diferentes posibilidades para sortear la situación. Los autores exponen los diferentes argumentos morales, políticos, económicos, jurídicos y ecológicos en los que se basa la reivindicación de la anulación de la deuda pública para los países en desarrollo.

Fuente: CADTM

Enlace al libro completo

Traductores: Ana Alonso Grandes y Álvaro Prieto Salvador