65 preguntas-65 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial
Damien MILLET y Éric TOUSSAINT
Érase una vez el primer mundo, el «Norte»; el segundo mundo, hijo del antiguo bloque soviético; y el tercer mundo, que englobaba a los pueblos del Sur. El segundo mundo se desmoronó a principios de los años 90 con la caída del muro de Berlín. Diez años antes, el tercer mundo se había sometido a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La crisis financiera de 2008 sacudió al primer mundo y desde entonces, solo quedan dos categorías principales: por un lado, el puñado de personas que sacan beneficio del capitalismo contemporáneo y, por otro lado, la gran mayoría que lo sufre, especialmente a través del mecanismo de la deuda.
Durante los últimos treinta últimos años, los eslabones débiles de la economía mundial han sido los países de América Latina, Asia o los del antiguo bloque soviético, conocidos como los países «en transición». Por lo tanto, el crecimiento se experimentaba en el Norte y el Sur acumulaba las deudas. Desde 2008, la situación ha cambiado radicalmente y gran parte de las deudas se concentran en la Unión Europea.
Uno de los avatares de la crisis del sector financiero, que comenzó en 2007 en Estados Unidos y que se ha extendido como la pólvora en Europa, es el ímpetu con el que los bancos de Europa occidental (sobre todo los alemanes y franceses1, pero también los belgas, holandeses, británicos, luxemburgueses, irlandeses, etc.) han utilizado los fondos que la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo (BCE) han prestado o concedido de forma masiva, entre 2007 y 2009, para incrementar sus préstamos en numerosos países de la eurozona (Grecia, Irlanda, Portugal, España). Allí consiguieron beneficios jugosos gracias a los tipos de interés, más altos en estos lugares. Un ejemplo de todo esto es que entre junio de 2007 (inicio de la crisis de los subprime) y septiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers), los préstamos que los bancos privados de Europa occidental concedieron a Grecia aumentaron un 33%, pasando de 120 mil millones de euros a 160 mil millones. Los banqueros de Europa occidental se abrieron paso a codazos para prestar el dinero a los países de la periferia de la Unión Europea, que parecían querer endeudarse hasta las cejas. No contentos con haber arriesgado enormemente, al otro lado del Atlántico, en el mercado los subprime con el dinero de los ahorradores que se equivocaron al depositar su confianza en ellos, repitieron la misma operación en Grecia, Portugal, España, etc. En efecto, la pertenencia de algunos países de la periferia de la UE a la eurozona sirvió para convencer a los banqueros de los países de Europa occidental de que los gobiernos, el BCE y la Comisión Europea acudirían en su ayuda si tenían problemas, y no se equivocaron.
Cuando en la primavera de 2010 la zona del euro se vio sacudida por fuertes turbulencias, el BCE prestaba con un interés ventajoso del 1% a los bancos privados. Estos últimos exigían a países como Grecia el pago de un interés muy superior: alrededor del 4 y el 5% en los préstamos a tres meses y un 12% aproximadamente para los títulos a diez años. Los bancos y los demás inversores institucionales justificaron tales exigencias por el «riesgo de cesación» que pesaba sobre los llamados países «en riesgo». Una amenaza tan seria, que los intereses aumentaron considerablemente: el FMI y la Unión Europea habían acordado un interés para Irlanda en noviembre de 2010 del 6,7%, cuando el de Grecia fue del 5,2% seis meses antes. En mayo de 2011, el tipo de interés para los préstamos a diez años griegos sobrepasaba el 16,5%, lo que ha obligado a este país a pedir préstamos a tres o seis meses o a confiar en el FMI y otros gobiernos europeos. Desde entonces, el BCE tiene que garantizar los créditos de los bancos privados comprándoles los títulos de los Estados a los que, en un principio, esta institución tiene prohibido prestarles dinero directamente.
En un intento de reducir los riesgos, los bancos franceses disminuyeron en el 2010 su exposición en Grecia en un 44%, pasando de 27 mil millones de dólares a 15 mil millones. Los bancos alemanes realizaron un movimiento parecido: su exposición directa descendió en un 60% entre mayo de 2010 y febrero de 2011, pasando de 16 millones de euros a 10 millones. Los que reemplazan progresivamente a los banqueros y a otras entidades financieras privadas son el FMI, el BCE y los gobiernos europeos. El BCE cuenta de forma directa con 66 mil millones de euros de títulos griegos (es decir, el 20% de la deuda pública griega) que compró a los bancos en el mercado secundario. El FMI y los Gobiernos europeos prestaron 33.300 millones de euros hasta mayo de 2011 y sus préstamos seguirán aumentando con el tiempo. Sin embargo, hay mucho más que todo esto. El BCE aceptó 120 mil millones de euros en títulos de deuda griega de bancos griegos como garantías (colaterales) de los préstamos que habían concedido con un tipo de interés del 1,25%. Portugal e Irlanda han sufrido el mismo proceso.
De este modo, contamos con todos los ingredientes de la gestión de la crisis de la deuda del tercer mundo que se conjugaron en el plan Brady2. Al comienzo de la crisis que estalló en 1982, el FMI y los gobiernos de las grandes potencias, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, acudieron al rescate de los banqueros privados del Norte que se habían arriesgado enormemente al prestar de forma compulsiva a los países del Sur, especialmente a América Latina. Cuando países como México estaban al borde de la suspensión de pagos como resultado del aumento de los tipos de interés y el descenso en los ingresos por exportaciones, el FMI y los países miembros del Club de Paris les prestaron capital con la condición de que continuaran con el reembolso de sus deudas y que ejecutaran planes de austeridad (las famosos planes de ajuste estructural). Como la deuda del Sur se hacía más y más grande debido al efecto bola de nieve3 (tal y como sucede ahora en Grecia, Irlanda, Portugal y en otros lugares de la UE), se puso en marcha el Plan Brady, bautizado de este modo en honor al secretario del Tesoro estadounidense de la época. Este plan implicó la reestructuración de la deuda de los principales países endeudados mediante un intercambio de títulos. El volumen de la deuda se redujo en un 30% en algunos casos y los nuevos títulos (los títulos Brady) garantizaron un tipo fijo de interés de alrededor del 6%, lo que fue muy favorable para los banqueros. Esto también aseguró la continuación de políticas de austeridad bajo el control del FMI y del Banco Mundial. Sin embargo, a largo plazo, el grueso de la deuda aumentó y las cantidades que hubo que pagar fueron enormes. Si solo tenemos en cuenta el saldo neto entre las cantidades prestadas y las reembolsadas tras la puesta en marcha del Plan Brady, los países en desarrollo han transferido a los acreedores el equivalente a más de seis planes Marshall, es decir, alrededor de 600 millones de dólares. ¿No se tendría que evitar que se repita la misma historia? ¿Por qué aceptar que los derechos económicos y sociales de los pueblos sean, una vez más, sacrificados en el altar de los banqueros y del resto de actores de los mercados financieros?
En mayo del 2011, según los bancos de inversión Morgan Stanley y J.P. Morgan, los mercados consideraban que había un 70 % de probabilidad de que Grecia entrara en suspensión de pagos, lo que contrasta con el 50 % de probabilidad pronosticada dos meses antes. El 7 de julio del 2011, Moody’s situó a Portugal en la categoría de alto riesgo de suspensión de pagos (bono basura). He ahí un argumento más a favor de la anulación de la deuda; es necesario auditar las deudas, con la colaboración ciudadana, para lograr que se anule la parte ilegítima. Si no se adopta esta medida, serán las víctimas de la crisis las que sufrirán una doble condena eternamente, para beneficio de los culpables, los banqueros. Grecia es el ejemplo perfecto de esta situación. Allí, las curas de austeridad se suceden sin que la situación de las cuentas públicas mejore. Y lo mismo sucederá en Portugal, Irlanda y España. Una gran parte de la deuda es ilegítima, ya que es el resultado de una política favorable únicamente para una ínfima minoría de la población que ha perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos.
En aquellos países que han firmado acuerdos con la troika (formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI) las últimas deudas no son solo ilegítimas, sino que son también odiosas. Esto se debe a tres razones: 1. los préstamos están repletos de condiciones que violan los derechos económicos y sociales de una gran parte de la población; 2. los prestadores someten a estos países al chantaje (el prestatario no dispone de verdadera autonomía de voluntad); 3. los prestadores se enriquecen de manera abusiva mediante tipos de interés prohibitivos (por ejemplo, Francia o Alemania reciben préstamos al 2 % en los mercados financieros, mientras que a Grecia e Irlanda les prestan a más del 5 %; los bancos privados toman préstamos en el BCE al 1,25 % y prestan a Grecia, Irlanda y Portugal a más del 4% a 3 meses). En países como Grecia, Irlanda, Portugal, los de Europa del Este (así como algunos países fuera de la UE como Islandia), sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, convendría proceder a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Es un método ineludible si se quiere alcanzar una relación de poder que les resulte favorable. Además, esta propuesta está ganando popularidad en los países más afectados por la crisis.
Conviene también que se realice, con el control de la ciudadanía, una auditoría de la deuda pública. El objetivo de la misma ha de ser que se anule/repudie la parte ilegítima u odiosa de la deuda pública y que se reduzca considerablemente el resto de deuda. La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria, pero no suficiente para que los países de la UE salgan de la crisis. Para ello, habría que adoptar también algunas medidas de gran magnitud en diferentes ámbitos (fiscalidad, traspaso del sector financiero al dominio público, resocialización de otros sectores clave de la economía, reducción del tiempo de trabajo con mantenimiento de los salarios y contratación compensatoria, etc.4).
La flagrante injusticia que reina actualmente en las políticas regresivas en funcionamiento en Europa ha sido el caldo de cultivo de las poderosas movilizaciones de los indignados en España, Grecia y otros países. Gracias a estos movimientos, que se originaron con los alzamientos populares en el Magreb y Oriente Próximo como referente, ahora vivimos una aceleración de la historia. La cuestión de la deuda pública debe afrontarse de manera radical. Ahora, es en los países del norte en donde la suspensión de pagos y la anulación de la parte ilegítima de la deuda están a la orden del día. Es completamente lógico estudiar la experiencia adquirida en el tercer mundo durante los últimos treinta años para extraer lecciones que aplicar en los países del norte.
Desde que estallara la crisis de la deuda, en el año 1982, la población del tercer mundo ha presenciado como se le ha despojado de todo, pese a sus abundantísimos recursos naturales y humanos. El pago de una deuda que ha adquirido proporciones colosales les ha impedido satisfacer sus necesidades más básicas. La deuda se ha convertido en un sutilísimo mecanismo de dominación y en un nuevo método de colonización. Las políticas de los gobiernos endeudados son la mayoría de veces decididas por sus acreedores y no por las personas electas de los países afectados. Hay que adoptar una solución radicalmente distinta para el problema: la anulación pura y simple de la deuda, inmoral y, a menudo, odiosa.
Este libro responde a varias objeciones: Los países, una vez libres de su deuda externa, ¿no se arriesgan a caer de nuevo en el endeudamiento insostenible? ¿No supondrá la anulación de la deuda un nuevo impulso para las dictaduras y regímenes corruptos? ¿No serán los contribuyentes de los países del norte los que pagarán los platos rotos de la anulación? ¿Qué papel desempeñarán los nuevos actores de primer plano como China, América Latina, los fondos soberanos y los fondos buitre? ¿Constituye una solución reemplazar la deuda pública externa con deuda pública interna? ¿Qué vínculos existen entre la deuda y la crisis alimentaria mundial que comenzó en el 2007? Los autores demuestran que la anulación de la deuda, condición necesaria pero insuficiente, debe venir acompañada de otras medidas, como la devolución de los bienes adquiridos ilícitamente, la redistribución de la riqueza a escala mundial y la creación de medios alternativos de financiación. Además, también plantean la pregunta: « ¿Quién debe a quién?» Por último, se suman a la petición de soluciones formulada por los movimientos sociales del Sur.
La obra explica mediante sesenta y cinco preguntas y sus correspondientes respuestas, de manera sencilla y precisa, cómo y por qué se ha llegado este callejón sin salida en el tema de la deuda. Además, incluye ilustraciones y tablas que demuestran claramente la responsabilidad de los promotores del neoliberalismo, de las instituciones financieras y de los países industrializados, así como la complicidad de los dirigentes del Sur.
Hace diez años se publicó el libro «50 preguntas/50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial», que fue traducido a ocho lenguas (inglés, árabe, coreano, español, italiano, japonés y turco). Ahora, cuatro años después de la primera edición en francés de «60 preguntas/60 respuestas», Damien Millet y Éric Toussaint lanzan a los lectores griegos esta versión actualizada y completada que descodifica el discurso oficial sobre la deuda y plantea las diferentes posibilidades para sortear la situación. Los autores exponen los diferentes argumentos morales, políticos, económicos, jurídicos y ecológicos en los que se basa la reivindicación de la anulación de la deuda pública para los países en desarrollo.
Fuente: CADTM
Traductores: Ana Alonso Grandes y Álvaro Prieto Salvador
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